Junto a diversas organizaciones, desde HIPUA rechazamos el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de la temática de discapacidad a la órbita del Ministerio de Salud.
Si bien reconocemos que el Estado puede reorganizar sus estructuras, este tipo de decisiones deben comunicarse con claridad y transparencia y ajustarse a la legislación nacional e internacional vigente en materia de discapacidad. Lejos de ello, la medida se dio a conocer a un día de finalizar el año, generando conmoción e incertidumbre en la comunidad, y contradice abiertamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, implica un grave retroceso hacia un modelo médico-rehabilitador que reduce la discapacidad a una cuestión estrictamente sanitaria, desconociendo su carácter social, integral y transversal, y abandonando el modelo social consagrado por la Convención, tratado suscripto por el Estado Nacional en 2008 y con jerarquía constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Esta decisión pone en riesgo derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la vida independiente, la accesibilidad y la participación comunitaria, cuya garantía requiere políticas públicas coordinadas entre múltiples áreas del Estado.
La ANDIS es un organismo autónomo y transversal a todos los ministerios, creado para actuar como órgano rector de las políticas públicas en discapacidad; si bien coincidimos en que debe ser transparente, eficiente y rendir cuentas para evitar irregularidades, nunca estaremos de acuerdo con su cierre ni con su degradación a una secretaría o Subsecretaría dependiente del Ministerio de Salud.
La medida adoptada confirma una preocupante mirada que no reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, sino que las reduce nuevamente a pacientes u objetos de cuidado y rehabilitación.
Este enfoque vulnera derechos consagrados por la Convención y la Constitución Nacional, desconoce la obligación estatal de garantizar mecanismos de transversalidad y coordinación interministerial —tal como lo establece el artículo 33 de la Convención— y excluye dimensiones esenciales como el derecho al empleo, a la educación inclusiva, a la vida independiente, a la toma de decisiones con apoyos, a la accesibilidad, al deporte, la recreación y la participación plena en la comunidad, constituyendo un nuevo ataque a un colectivo históricamente vulnerado y estigmatizado.
Por todo lo expuesto, instamos a las autoridades a reconsiderar de manera urgente esta medida, que sin lugar a dudas vulnera derechos fundamentales de las personas con discapacidad y desconoce los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos que el Estado está obligado a garantizar.
